Entrevista publicada el 19 de enero de 2026 en el canal "Política al límite" (Youtube), en el que hablamos sobre: los temas más relevantes que afectan a la sociedad salvadoreña, desde el uso de las redes sociales y la responsabilidad penal por difamación, hasta la situación política y el futuro electoral. Todo ello basado en un diálogo con expertos en derecho y política que nos ofrecen una perspectiva clara y fundamentada sobre los retos que enfrenta el país.

Libertad de expresión y responsabilidad penal en redes sociales

El alcance y límites de la libertad de expresión

En la era digital, las redes sociales se han convertido en el espacio principal para la expresión ciudadana y política. Sin embargo, el abuso de esta libertad puede derivar en casos de difamación, calumnia e injuria que afectan el honor de las personas. La legislación salvadoreña protege el honor como un bien jurídico esencial, y establece que para que exista responsabilidad penal debe demostrarse una relación directa y causal entre el acto ofensivo y la persona afectada.

Casos prácticos: memes, imágenes y denuncias

Un ejemplo reciente fue la polémica sobre memes que utilizaban imágenes sin rostro ni nombre explícito, pero que generaron acusaciones y amenazas de demandas penales. Según el análisis jurídico expuesto, para que proceda una denuncia penal es necesario que la víctima pueda ser identificada de manera clara y directa, y que exista una causalidad entre la ofensa pública y el daño al honor. La simple asociación o suposición no basta para iniciar un proceso legal.

La excepción de la verdad y la defensa legítima

En la legislación penal salvadoreña existe la excepción de la verdad, que permite justificar una declaración ofensiva si puede probarse que corresponde a hechos verdaderos. Esto protege la libertad de expresión cuando se trata de denunciar actos ilícitos o conductas indebidas, siempre que se pueda demostrar la veracidad de las afirmaciones.

Contexto político y social de El Salvador en 2026

El año preelectoral: tensiones y divisiones

El 2026 es un año clave para El Salvador, ya que se preparan las elecciones legislativas y municipales. Actualmente, el panorama político está marcado por la división entre los sectores que apoyan al presidente Nayib Bukele y la oposición tradicional. Además, existe preocupación por la influencia de la oligarquía y el poder real en la Asamblea Legislativa, que podría limitar la gobernabilidad y el desarrollo de políticas públicas en favor del pueblo.

La Asamblea Legislativa y el poder real

El análisis indica que la Asamblea Legislativa actual está dominada por grupos alineados con intereses económicos y empresariales, lo que ha generado reformas constitucionales que debilitan la Constitución de 1983 y abren paso a la privatización de servicios públicos y leyes favorables a la élite. Este fenómeno ha sido calificado como un "golpe de estado legislativo" que afecta la soberanía popular.

El papel del presidente Bukele

Aunque Bukele mantiene un alto nivel de apoyo popular, se encuentra limitado por la actual Asamblea Legislativa. Se especula que para las elecciones de 2027 será necesario que el presidente presente una nueva alternativa política para continuar con su proyecto de "refundación" del país y enfrentar la oligarquía que controla el poder legislativo.

Análisis de temas clave en la agenda nacional

Seguridad y combate a las pandillas

Uno de los logros destacados del gobierno actual es la captura masiva de miembros de pandillas y el enfrentamiento directo con el crimen organizado. Esta estrategia ha sido reconocida por reducir significativamente la violencia, aunque también ha generado críticas por el manejo de derechos humanos y la relación con las fuerzas armadas y policiales.

Privatización y asociaciones público-privadas

La tendencia a privatizar servicios públicos mediante asociaciones público-privadas ha generado controversia. Aunque se presentan como soluciones eficientes, hay preocupación porque estos mecanismos pueden favorecer intereses privados sobre el bienestar social. La legislación aprobada para estos fines debe ser revisada para garantizar que realmente beneficie a la población.

Economía y derechos laborales

En materia económica, se destaca la polémica sobre el pago adelantado de aguinaldos y quincenas, así como la precarización del trabajo. La oligarquía ha impulsado reformas que afectan los derechos laborales y el sistema previsional, especialmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que han sido objeto de rechazo popular por su impacto negativo en los trabajadores.

Educación y desigualdad social

El sistema educativo continúa reproduciendo desigualdades, con una educación orientada a la obediencia para las clases populares y al liderazgo para las élites. La necesidad de reformar profundamente la educación para ofrecer igualdad de oportunidades es un reclamo fundamental que debe ser asumido por futuros legisladores y gobernantes.

Proceso electoral y participación ciudadana

Garantías y riesgos en el sistema electoral

El sistema electoral salvadoreño cuenta con mecanismos para evitar fraudes, como el escrutinio preliminar en las juntas receptoras de votos. Sin embargo, la incorporación de nuevas tecnologías y el voto electrónico plantean desafíos en cuanto a transparencia y confianza ciudadana.

El rol del pueblo en las elecciones

Es fundamental que la ciudadanía participe activamente en las elecciones, no solo votando, sino vigilando el proceso para evitar irregularidades. La organización y educación política son clave para que el pueblo elija representantes que defiendan sus intereses y no los de la oligarquía.

Nuevas fuerzas políticas y candidaturas

Con la proliferación de partidos y candidatos, el electorado debe analizar cuidadosamente quiénes representan verdaderamente al pueblo y cuáles sirven a intereses particulares. La elección de diputados con propuestas claras y compromiso social es vital para cambiar el rumbo político del país.

Conclusiones

Promover una convivencia respetuosa y crítica

El diálogo político debe basarse en el respeto mutuo y en la crítica constructiva, evitando el fanatismo y los insultos que solo dividen a la sociedad. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero debe ejercerse con responsabilidad y conciencia del impacto que puede tener en otras personas.

Fortalecer la justicia y el Estado de derecho

Es necesario garantizar que el sistema judicial funcione con independencia y eficacia, para que las denuncias legítimas puedan prosperar y las injusticias sean sancionadas. La protección del honor y la dignidad debe equilibrarse con el derecho a la libre expresión.

Impulsar reformas políticas y sociales profundas

El Salvador enfrenta la urgencia de reformas constitucionales, educativas, económicas y sociales que corrijan las desigualdades y restauren la soberanía popular. Los ciudadanos deben exigir a sus representantes un compromiso real con el bienestar colectivo y no con intereses particulares.

Participación activa en el proceso electoral

La responsabilidad del pueblo salvadoreño es clave para elegir a los mejores candidatos que representen sus intereses. La vigilancia y participación informada son herramientas indispensables para fortalecer la democracia y garantizar un futuro justo y próspero para el país.

Invitación a la ciudadanía

Este análisis invita a todos los salvadoreños, dentro y fuera del país, a mantenerse informados, participar activamente y exigir responsabilidad a sus gobernantes. Solo con unidad, conocimiento y compromiso se podrá construir un El Salvador más justo, seguro y democrático.