Entrevista publicada el 18 de julio de 2025 en el canal "Política al límite" (Youtube), en el que hablamos sobre: el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre la entrega de ciudadanos venezolanos detenidos en el país, acusados de delitos graves, a cambio de la liberación de presos políticos venezolanos y ciudadanos estadounidenses retenidos por el régimen de Maduro. Este acto, presentado como un gesto humanitario, ha generado una amplia discusión sobre las implicaciones legales, políticas y sociales para El Salvador y la región.

Contexto del intercambio de reos

¿Qué ocurrió exactamente?

El presidente Bukele publicó un mensaje en su cuenta oficial anunciando que El Salvador entregó a todos los ciudadanos venezolanos detenidos, acusados de pertenecer a una organización criminal llamada Tren de Aragua, a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos y ciudadanos estadounidenses retenidos por el régimen venezolano. Esta operación fue el resultado de meses de negociaciones, y representa un intercambio de personas entre un gobierno considerado dictatorial y Estados Unidos, con El Salvador como punto intermedio.

La reacción salvadoreña y las dudas jurídicas

Inicialmente, se informó que El Salvador recibiría un pago por “arrendamiento” del servicio de reclusión para estos reos venezolanos, lo que generó confusión y críticas. No existe base legal en la Constitución ni en la legislación penitenciaria salvadoreña para arrendar cárceles o prestar servicios de reclusión bajo esas condiciones, lo que pone en duda la legitimidad jurídica de la operación.

Además, se cuestiona si el presidente Bukele tenía facultades legales para autorizar una operación de esta naturaleza, pues el artículo 86 de la Constitución establece límites claros a su actuación y contempla posibles consecuencias legales en caso de violación.

Análisis jurídico: ¿Violación constitucional o acto humanitario?

La Constitución y el artículo 86

Jurídicamente, el presidente Bukele pudo haberse excedido en sus atribuciones al realizar este intercambio sin autorización expresa de la Asamblea Legislativa ni un marco legal claro. Esto podría configurar una violación al artículo 86 constitucional, que regula las facultades y responsabilidades del presidente.

El estado de necesidad como defensa jurídica

Sin embargo, el acto se sustenta en un argumento humanitario: la liberación de presos políticos oprimidos por un régimen considerado dictatorial. Según el experto, esta circunstancia podría ser considerada un “estado de necesidad”, un concepto jurídico que exenta de responsabilidad a quien viola la ley para proteger un bien superior, en este caso los derechos humanos.

De esta forma, el Presidente podría justificar su acción apelando a la urgencia y necesidad de proteger la vida y libertad de personas sometidas a condiciones injustas en Venezuela, aun cuando el procedimiento legal no haya sido el ideal.

La Asamblea Legislativa y la posibilidad de antejuicio

La Constitución prevé procedimientos para juzgar al Presidente si se considera que ha violado sus funciones. En este contexto, la Asamblea podría iniciar un antejuicio para evaluar responsabilidades. Si la Asamblea fuera independiente y cumplidora de la ley, podría someter al Presidente a juicio político. Sin embargo, la situación actual del sistema político salvadoreño dificulta este proceso.

Dimensión política del intercambio

Beneficios para El Salvador

Desde el punto de vista político, el análisis indica que el principal beneficiario directo de esta operación es Estados Unidos, que logra liberar a sus ciudadanos y fortalecer su postura contra el régimen de Maduro. Para Venezuela, la liberación de presos políticos es un objetivo estratégico.

Para El Salvador, los beneficios no son tan evidentes en términos prácticos o económicos. Sin embargo, para el presidente Bukele representa un acto que puede fortalecer su imagen internacional como un líder humanitario dispuesto a tomar riesgos políticos para defender causas justas.

Reacciones y críticas internas

El intercambio generó críticas de diversos sectores, que cuestionan la transparencia y las consecuencias de recibir en el país a miembros de una organización criminal. Sin embargo, también ha consolidado el respaldo popular a Bukele, quien es visto por muchos como un mandatario que actúa con determinación y humanidad.

Corrupción y retos políticos en El Salvador

El sistema político y la corrupción

La persistencia de la corrupción en el país, especialmente en la Asamblea Legislativa con un reglamento interno que favorece prácticas corruptas y la falta de transparencia, lo que limita la capacidad de los diputados para legislar de forma efectiva y honesta.

La necesidad de reformas estructurales

Para cambiar esta realidad, se requieren reformas profundas en el sistema político y legal, incluyendo la modificación del reglamento interno legislativo para que los diputados fundamenten sus votos, rindan cuentas a sus electores y trabajen en sus departamentos, no solo en San Salvador.

Asimismo, se enfatiza la importancia de una democracia más participativa, donde la ciudadanía esté informada y pueda exigir responsabilidades a sus representantes.

El futuro político y la participación ciudadana

Nuevas generaciones y liderazgo

La aparición de nuevos grupos de intelectuales y profesionales jóvenes que podrían transformar la política salvadoreña en elecciones futuras, como las de 2027. Se espera que estos nuevos actores sean más honestos, responsables y comprometidos con el pueblo.

La comunicación efectiva con el pueblo

Un aspecto clave para el éxito político es la capacidad de comunicarse con claridad y sencillez, para que el mensaje llegue a toda la población, sin tecnicismos innecesarios. Esto permite una mejor conexión entre gobernantes y ciudadanos y fortalece la democracia.

Otros temas relevantes: ONG y justicia internacional

Salida de ONG y control del Estado

La salida de algunas ONG internacionales de El Salvador debido a nuevas leyes que regulan la transparencia de sus financiamientos. Considera que muchas de estas organizaciones están ligadas a intereses políticos y que su salida puede ser vista como un avance para la soberanía del país.

Corte Penal Internacional y derechos humanos

Respecto a las demandas ante la Corte Penal Internacional por presuntas violaciones de derechos humanos, se es escéptico sobre la efectividad de estas instancias, señalando que, en casi 30 años, solo se han resuelto cinco casos. Recomienda que El Salvador se enfoque en fortalecer su sistema judicial interno.

Reflexiones finales

El intercambio de reos entre El Salvador, Venezuela y Estados Unidos es un episodio complejo que mezcla aspectos legales, políticos y humanitarios. Aunque presenta riesgos jurídicos para el presidente Bukele, también evidencia su apuesta por decisiones audaces que buscan defender derechos fundamentales.

Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las instituciones democráticas salvadoreñas, mejorar la transparencia legislativa y promover una política más cercana a las necesidades reales de la población.

Finalmente, se invita a los ciudadanos a informarse, participar y exigir a sus gobernantes un compromiso real con la justicia, la transparencia y el bienestar común.