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[Fe y Política] Régimen de excepción y seguridad en El Salvador
Entrevista publicada el 7 de julio de 2025 en el canal "Fe y Política", que junto con Mau Caballero, (Youtube), en el que hablamos sobre: la situación actual de seguridad y política en El Salvador, principalmente en la política de régimen de excepción implementada bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, sus resultados y los desafíos sociales y políticos derivados de décadas de violencia estructural. Desde los orígenes históricos de la violencia en el país, pasando por la influencia extranjera, hasta el presente de la lucha contra las pandillas y maras, y la controversia sobre los derechos humanos y las libertades ciudadanas respecto al régimen de excepción.
En el contexto actual de El Salvador, la seguridad pública ha sido uno de los temas más relevantes y polémicos. Desde la implementación del régimen de excepción en 2022, el país ha experimentado un cambio significativo en la lucha contra la criminalidad, especialmente en el combate contra las maras y pandillas. Este blog post profundiza en los aspectos legales, sociales y políticos que rodean esta medida extraordinaria, su impacto en los derechos humanos y la percepción ciudadana, además de analizar la reciente decisión sobre la política migratoria de Estados Unidos hacia los centroamericanos.
Contexto histórico y social de la violencia en El Salvador
La violencia estructural desde 1980
El fenómeno de violencia en El Salvador no es nuevo ni aislado. Desde la década de 1980, el país vivió un conflicto bélico que dejó una marcada huella social y estructural. La guerra civil, sumada a la posterior desarticulación y debilitamiento de la fuerza armada y la imposición del modelo neoliberal, creó un caldo de cultivo para el surgimiento de las maras y pandillas.
Este contexto explica que la inseguridad no sea una característica innata del pueblo salvadoreño, sino el resultado de procesos históricos, sociales y económicos complejos que continúan afectando la estructura social actual.
Impacto de la desarticulación institucional post conflicto
Tras los acuerdos de paz, la división entre la fuerza armada y la seguridad pública generó una debilidad institucional. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General enfrentaron infiltraciones y sabotajes internos que limitaron su eficacia. Al mismo tiempo, el poder real, conformado por la oligarquía empresarial, la embajada de Estados Unidos y el crimen organizado, influyó en la política y economía nacional, dificultando el combate efectivo a las pandillas.
El régimen de excepción como política de estado
Origen y aplicación del régimen de excepción
El régimen de excepción fue decretado en marzo de 2022 como respuesta directa a un acto de violencia masiva que cobró la vida de 87 salvadoreños en un ataque coordinado de maras y pandillas. Esta medida, prevista en la Constitución de 1983 para situaciones extraordinarias, restringió temporalmente ciertos derechos, como la libertad de ambulatoria y la libre asociación, con el objetivo de controlar el orden público y garantizar la seguridad.
Resultados y eficacia en la seguridad pública
En menos de seis meses, el régimen permitió la captura de gran parte de la población reclusa vinculada a actividades criminales, logrando que El Salvador sea uno de los países más seguros de Latinoamérica en cuanto a control de pandillas. La coordinación entre Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y el Ejecutivo ha sido crucial para estos resultados.
Críticas y desinformación internacional
A pesar de los avances, el régimen ha sido objeto de críticas, especialmente en organismos internacionales y sectores opositores que denuncian violaciones a derechos humanos. Sin embargo, no existen evidencias judiciales o sociales que demuestren un maltrato sistemático o compromisos ilegales entre el presidente Bukele y las pandillas. Estas críticas forman parte de una estrategia de intereses externos y locales para desestabilizar al gobierno.
Derechos ciudadanos y seguridad: un equilibrio necesario
Derechos restringidos y derechos garantizados
El régimen de excepción limita temporalmente ciertos derechos de los miembros de estructuras criminales, como la libertad de movimiento y asociación, pero garantiza derechos fundamentales como la vida y la salud. Esta diferenciación es esencial para proteger a la mayoría de ciudadanos honestos que demandan vivir en paz.
El lenguaje manipulado y la confusión social
Se observa una manipulación del discurso por parte de opositores que utilizan términos ambiguos para confundir a la población, sugiriendo que los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo pandilleros, están siendo violados. Sin embargo, la realidad muestra que los salvadoreños honrados reconocen el respeto a sus derechos y valoran la seguridad alcanzada.
La necesidad del régimen de excepción a largo plazo
Dada la arraigada violencia estructural y la capacidad de las maras para reorganizarse, la eliminación total de estas organizaciones no será inmediata. Se requiere un cambio generacional y estructural profundo, complementado con medidas legales y políticas que mantengan bajo control a estas organizaciones mientras se consolidan procesos sociales y educativos que prevengan su resurgimiento.
Propuestas para la nueva Constitución y gobernabilidad local
Fortalecimiento de autoridades locales
Uno de los puntos clave para la sostenibilidad de la seguridad es el fortalecimiento de los gobiernos locales, especialmente consejos municipales y policías municipales. La descentralización efectiva y el cumplimiento estricto del Código Municipal permitirían una mejor gestión y control social, evitando la concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.
Combate a la corrupción e impunidad
Para garantizar la efectividad de las políticas públicas, es fundamental que los alcaldes y funcionarios municipales cumplan con sus responsabilidades y que se sancione judicialmente la corrupción. El fortalecimiento institucional debe ir acompañado de transparencia y rendición de cuentas.
Política migratoria y relaciones internacionales
Suspensión del TPS para hondureños y nicaragüenses
En 2025, Estados Unidos decidió no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños y nicaragüenses, mientras mantiene una postura distinta con los salvadoreños. Esta medida refleja una estrategia política que busca presionar a los gobiernos centroamericanos y al mismo tiempo fortalecer alianzas con aquellos países que apoyan la política estadounidense.
Implicaciones para El Salvador y la diáspora
Los salvadoreños legalmente establecidos en Estados Unidos parecen no enfrentar mayores amenazas migratorias a corto plazo, pero la situación es volátil. La política migratoria estadounidense responde a intereses económicos y políticos que pueden cambiar, afectando a la comunidad salvadoreña y su estabilidad.
Reflexiones sobre la influencia de Estados Unidos
El análisis señala la compleja relación de dependencia y presión que Estados Unidos ejerce sobre los países latinoamericanos, incluida la influencia sobre la política interna de El Salvador y la gestión migratoria, lo que exige una vigilancia constante y estrategias propias de defensa nacional y regional.
Conclusiones
El régimen de excepción en El Salvador representa una medida excepcional y necesaria para garantizar la seguridad y el orden público en medio de un legado histórico de violencia estructural. Aunque limita temporalmente ciertos derechos, protege a la mayoría de ciudadanos honrados y ha mostrado resultados concretos en la reducción de la criminalidad.
Para asegurar la continuidad de estos avances, es indispensable fortalecer las instituciones locales, combatir la corrupción y promover cambios sociales profundos que eviten la reaparición de estructuras criminales. Además, la política migratoria y las relaciones internacionales deben analizarse en un marco de soberanía y defensa de los derechos de los salvadoreños dentro y fuera del país.
El camino hacia un El Salvador seguro y justo es largo y requiere el compromiso colectivo, la participación ciudadana y el respaldo institucional coherente con los intereses del pueblo.